Participación de la población residente en Propiedad Horizontal en Bogotá:
Durante la última década, el porcentaje de predios en propiedad horizontal en Bogotá creció rápidamente. En 2004 eran 772.000 y representaban el 54% de los predios. Para 2014, ya eran 1.475.706 predios, representando cerca del 64% del total. Cada vez más, los bogotanos vivimos en edificios y conjuntos residenciales. Esto ha ido transformando la vida en comunidad, la manera como nos relacionamos y el concepto de espacio público de la ciudad en contraste con las zonas comunes de las copropiedades.
Lamentablemente, los conflictos entre vecinos también han ingresado a los edificios. El ruido, las mascotas y el manejo de las basuras son algunos de los principales detonantes de las discusiones, que en muchas oportunidades terminan en riñas y actos de violencia.
En respuesta a esta realidad, los Consejos Locales de Propiedad Horizontal surgieron en la década pasada como una iniciativa ciudadana para conformar espacios de participación, que tuvieran interlocución con las entidades públicas sobre las problemáticas específicas de la población residente en propiedad horizontal. Después de un fuerte impulso inicial, el movimiento sufrió un estancamiento por falta de apoyo por parte del Distrito y las Alcaldías Locales.
En el año 2013, presenté ante la Junta Administradora Local de Chapinero el acuerdo local 002, mediante el cual se logró la activación del Consejo Local de Propiedad Horizontal de Chapinero. Después de ser elegido democráticamente, este Consejo se ha venido consolidado como un espacio de participación relevante en la localidad y ha organizado una serie de foros gratuitos que han beneficiado a centenares de administradores y residentes de edificios de la localidad. Algunos de los temas tratados han sido la norma de sismo resistencia, el cobro de cartera morosa, la gestión del riesgo, la vigilancia privada y la norma de transporte vertical.
El Consejo Local de Chapinero hace parte del nuevo impulso que debe tener el movimiento de residentes en propiedad horizontal en Bogotá. Los retos de la ciudad hacia el futuro en esta materia incluyen: crear la totalidad de los Consejos Locales de Propiedad Horizontal, impulsarlos para que adquieran visibilidad y reconocimiento entre las copropiedades de su localidad y darles herramientas de trabajo. Además, la ciudad está en mora de consolidar un Consejo Distrital de Propiedad Horizontal con representantes de los Consejos Locales, con funciones claras. Se debe reestructurar la organización del IDPAC para brindar atención amplia y suficiente a las comunidades en propiedad horizontal y establecer a través de ellos canales fluidos de comunicación entre los edificios y conjuntos residenciales con las autoridades locales y distritales. Por último, es el momento de desarrollar programas de convivencia en los planes de desarrollo locales y distrital, dirigidos específicamente a la población residente en propiedad horizontal.
GERMÁN RICAURTE
GERMÁN RICAURTE
Las JAL necesitan ejercer el control político
Actualmente, cursa en el Congreso de la República un proyecto de ley que pretende modificar el Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto-Ley 1421 de 1993). Mucho se ha hablado de fortalecer las localidades con mayor presupuesto y autonomía, pero poco sobre cómo aumentar el control y la vigilancia sobre esos recursos. En ese contexto, considero que uno de los principales cambios que se requiere a nivel local y que debe tener en cuenta el legislador, es la inclusión de un artículo que permita a las Juntas Administradoras Locales ejercer un control político efectivo, que permita vigilar la ejecución de los recursos públicos y la actuación de la administración local.
El Congreso de la República tiene la facultad de citar a los funcionarios públicos a debates de control político, a los cuales están obligados a asistir para dar respuesta al cuestionario enviado con anticipación. En los debates, los funcionarios dan la cara al país, rinden cuentas sobre su gestión, explican los motivos por los cuáles han tomado determinadas decisiones y explican de qué manera se están invirtiendo los recursos públicos.
El Concejo de Bogotá tiene la misma facultad, tal como lo determina el artículo 14 del Estatuto Orgánico de Bogotá: “ARTÍCULO.- 14. Control político. Corresponde al Concejo vigilar y controlar la administración distrital. Con tal fin, podrá citar a los secretarios, jefes de departamento administrativo y representantes legales de entidades descentralizadas, así como al Personero y al Contralor. Las citaciones deberán hacerse con anticipación no menor de cinco (5) días hábiles y formularse en cuestionario escrito. El debate no podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la sesión. También podrá el Concejo solicitar informaciones escritas a otras autoridades distritales. El funcionario citado deberá radicar en la Secretaría General la respuesta al cuestionario, dentro del tercer día hábil siguiente al recibo de la citación.”
En cambio, a pesar de que las Juntas Administradoras Locales son también corporaciones públicas de elección popular y deben vigilar la ejecución de los recursos públicos, no tienen la facultad de citar a los funcionarios a los debates de control político, sino que los invitan. La citación implica la obligatoriedad, mientras que la invitación es voluntaria. En la práctica, lo que ocurre a nivel local es que múltiples debates de control político se ven frustrados por la inasistencia de los invitados o porque el funcionario invitado delega a un subalterno que no tiene la información suficiente para responder la totalidad del cuestionario, ni la autoridad para tomar decisiones al respecto.
Por eso, mi propuesta es la inclusión de un artículo similar al 14 del Estatuto, donde se establezca que corresponde a las JAL vigilar y controlar a las administraciones locales y con ese fin podrán citar a los funcionarios de la Alcaldía Local, así como a los gestores locales de las entidades distritales y a los organismos de control locales. Mientras los Ediles no citen, sino que inviten, las administraciones locales no se tomarán los debates con la seriedad que se requiere y las JAL seguirán debilitadas.