Democracia y participación - el caso de las veedurías ciudadanas

 

 

Los debates que se han dado en torno a la democracia son amplios y complejos. Hay quienes hablan de dos tipos de democracia: la representativa y la participativa. En la primera, la participación de los ciudadanos se reduce básicamente al derecho al voto, es decir, la participación es “reduccionista”, mientras que en la segunda se pone de presente una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones, en otras palabras, existe una ciudadanía que participa activamente en las labores del Estado, lo cual requiere que estén bien informados acerca de esas labores.

 

Con lo anterior, lo que se quiere señalar es que la democracia es una nueva forma de relación entre el Estado y la sociedad, y que si bien hay dos tipos de democracia, la idea es que ambas se complementen y funcionen de la mejor manera para tener una democracia entendida como “un sistema político que proporciona a los ciudadanos la posibilidad de elegir a sus gobernantes de manera regular y según su constitución, como un mecanismo social que permite participar a la mayoría de la población en las decisiones que tienen que ver con la defensa de los intereses de los diversos grupos y sectores sociales.”[1]

 

La anterior definición, señala un concepto que dentro de un sistema democrático es importante tener en cuenta: la participación, la cual se va a entender como “la intervención organizada de ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos, que se lleva a cabo en espacios y condiciones definidas (…) que pueden o no estar definidas por la ley y que permiten el desarrollo de una capacidad relativa de decisión en materia de políticas públicas, control de la gestión gubernamental y/o evaluación de las políticas públicas a través de diversas formas de contraloría ciudadana”[2]

 

Lo enriquecedor de la anterior definición es que permite identificar una serie de actores que, en el caso colombiano, han tomado un gran protagonismo, han dejado de ser agentes pasivos y han estado ejerciendo un rol más activo en la búsqueda de soluciones a problemas del interés colectivo. Esto se realiza con el fin básico de buscar desarrollo, progreso, mayor inclusión en la toma de decisiones y por ende una mayor vigilancia a las acciones del gobierno. Es de esta manera, como la democracia como sistema político y social se encuentra con los distintos grupos de la sociedad civil, involucrándolos en los procesos de construcción de lo público, por medio de un puente que es la participación.

 

La participación se presenta como un medio para alcanzar algún fin y sus alcances son amplios, pero cabe señalar que el principal objetivo que tiene es la búsqueda de la promoción del bien común, es decir, aquello que nos interesa a todos. Esto puede desembocar en el logro de ciertas virtudes cívicas, tales como la solidaridad, la responsabilidad, la igualdad, la justicia, la equidad, la tolerancia, entre muchas otras, con el propósito de generar transformaciones que busquen mejorar el desarrollo de, por ejemplo, una localidad.

 

Por otro lado, la forma como se expresa la relación democracia- participación, en términos generales, es por medio de los espacios públicos, los cuales tienen la característica principal de la deliberación, es decir, una argumentación lógica que lleve a una buena toma de decisiones y del control a la gestión de los funcionarios públicos y de la gestión pública. Aquí es importante señalar que la construcción de lo público es algo que nos concierne a todos y a todas y no solamente a los funcionarios públicos o a sus técnicos, por eso la importancia de la participación ciudadana en la promoción de lo público.

 

Ahora bien, la Constitución Política de 1991 dio apertura al tema de la participación como una herramienta que en los últimos años ha permitido el control por parte de los ciudadanos de la gestión pública y de la prestación de los servicios públicos. Lo anterior se conoce como veedurías ciudadanas, las cuales son una “herramienta de vigilancia y control social de la ciudadanía sobre el Estado”, para fortalecer la vigencia de principios constitucionales tales como democracia, transparencia, moralidad, equidad, eficiencia y eficacia, en la adopción e implementación de políticas públicas, en el desempeño de responsabilidades de los servidores públicos y en la gestión pública en general. Sin desconocer que cada ciudadano y ciudadana individualmente mantiene un derecho a ser fiscal del Estado, el ejercicio de la veeduría ciudadana se ejerce colectivamente. Permite a la ciudadanía vigilar, conocer, monitorear, opinar, presentar observaciones y pedir la rendición de cuentas de los servidores públicos. Los veedores y veedoras tienen el derecho y deber de presentar sus observaciones con fines de corrección y denuncia, cuando haya lugar, ante los organismos competentes, y gozan, en la operación o viabilización de la veeduría, de garantías y derechos constitucionales, como el derecho de petición, la acción de tutela, las acciones de cumplimiento y las acciones populares, entre otros, y de otros mecanismos de participación ciudadana, como la audiencia pública.”[3]

 

Con la anterior definición, cabe resaltar que las veedurías ciudadanas en Colombia han tenido gran acogida en el nivel local o municipal, sin excluir niveles más grandes como lo es el nacional. La manera en que se expresan estas veedurías es muy variada, ya que algunas se dedican a ejercer control y vigilancia a proyectos muy particulares, como por ejemplo, la construcción de una vía en un barrio. Hay otros que se encargan de prestar atención sobre los recursos financieros, es decir, se controla que verdaderamente exista una congruencia en lo que se pretende hacer, con el monto que se va a invertir. Otra manera en que se manifiestan es en un ámbito más general: por ejemplo, en Colombia algunas universidades tanto del sector público como del sector privado ejercen veedurías sobre programas y proyectos de política social, lo que permite ver que cada individuo, grupo u organización está en la capacidad de utilizar esta herramienta, que además es útil porque permite realizar un trabajo de veeduría de manera objetiva en la medida en que los servidores públicos no interfieren.

 

Finalmente, considero que en Colombia se habla de la importancia de la participación y se crean mecanismos para que esta se dé, pero lo que probablemente algunos desconocen es que para llevar a cabo una cultura de la participación es fundamental realizar una capacitación, es decir, educar, para que de esta manera se vaya configurando una mentalidad participativa, con el fin de tener individuos, grupos, organizaciones e instituciones que actúen de manera organizada y logren acciones coordinadas, con el propósito de convertir la participación en algo que sea deseable para todos, que sea real y que sea totalmente activa en nuestro país, en Bogotá y en cada una de las localidades donde todos tenemos una gran tarea: promover la participación de los y las ciudadanas.

 

 

 

[1] Álvarez de Orjuela, María Eugenia. Democracia sin participación? Tendencia y características en Colombia. Ed. Grupo social. 1981. Pág. 13[2] Olvera, Alberto. Las relaciones entre democratización y participación en México: apuntes para su historia, en los Avatares de la participación ciudadana en América Latina. Revista controversia N° 191, pág. 71 -103.[3] Wansbrough, Gwyn; Tamayo Rincón, Marta. Cuadernos de transparencia N°2. Para fortalecer el control ciudadano en Colombia. Estudio sobre la figura de la veeduría ciudadana. [En línea] http://www.incidenciapolitica.info/biblioteca/EMPB_0031.pdf Consultado: Abril 14 de 2014.